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La ley ahora obliga a los funcionarios locales a llevar a cabo las inspecciones de construcción en un plazo de tres días desde la solicitud. Si no cumplen con el plazo, la empresa promotora o constructora que haya realizado la solicitud puede contratar a una agencia privada para que realice la inspección in situ. La aprobación final del certificado de ocupación seguirá corriendo a cargo de un funcionario local de construcción.